El demandante-apelante entabló esta acción en el Juzgado de Primera Instancia de Rizal para recobrar del demandado, el Administrador de Rentas Internas, la suma de P350 que pagó bajo protesta como impuesto de prestamista, correspondiente a los años 1929-1934. Apeló de la sentencia de dicho Juzgado que sobreseyó su demanda, con costas.

Los hechos del asunto los resume el Juzgado en estos términos:

"In the hearing of this case, plaintiff testified that he is not a lending investor, and that his income is derived mostly from the rents produced by his real estate and agricultural lands. On cross-examination, plaintiff was asked by the attorney for the defendant as to about 10 or 11 different loan transactions with interests wherein plaintiff was alleged to have intervened as lender, and plaintiff invariably answered that he does not remember having made any of said 10 or 11 loans. When pressed by the cross-examiner to make a categorical answer under oath that he did not make any of the 10 or 11 loan transactions with interests mentioned to him, plaintiff did not dare to do so, but merely insisted in his 'I do not remember' answer.

"The defendant presented as evidence official certified true copies of 6 loans (Exhibits 1, 2, 3, 4, 5 and 6) with interests, from the records of the Register of Deeds of Rizal and in all of the 6 of them the plaintiff appears as lender. These 6 loans with interests made by plaintiff were among those mentioned and asked to him on cross-examination and to which questions he always answered 'I do not remember.' This Court is convinced that the plaintiff was not sincere in asserting that he does not recollect having participated as lender in the aforecited 10 or 11 loan transactions with the interests mentioned to him."

En síntesis, lo que el apelante pretende en sus dos señalamientos de error es que el Juzgado debió haber declarado que él no practicó el oficio de prestamista de conformidad con la ley, que el apelado le cobró indebidamente el impuesto y que debió haberse dictado sentencia a su favor por la cantidad reclamada en la demanda.

El apelado, como Administrador de Rentas Internas, fundó el cobro del impuesto en las disposiciones del artículo 1464 (x), en relación con el artículo 1465 (v), del Código Administrativo Revisado, que se leen como sigue:

"Sec. 1464. Amount of tax on business. Fixed taxes on business shall be collected as follows, the amount stated being for the whole year, when not otherwise specified:

*            *            *            *            *            *            *
"(x) Lending investors:

"1. In chartered cities and first-class municipalities, two hundred pesos;

"2. In second-class municipalities, one hundred fifty pesos;

"3. In third-class municipalities, one hundred pesos;

"4. In fourth and fifth-class municipalities, townships and municipal districts, fifty pesos;

"Provided, That lending investors who do business as such in more than one province shall pay a tax of two hundred pesos: And provided, further, That the business of lending investors shall be exempt from municipal taxation."

"Sec. 1465. Words and phrases defined. In applying the provisions of the preceding section words and phrases shall be taken in the sense and extension indicated below:

*            *            *            *            *            *            *
"(v) 'Lending investor' includes all persons who make a practice of lending money for themselves or others at interest."

Pretende el apelante que según los hechos él no se dedicó a prestar dinero mediante interés conforme lo define el inciso (v) del artículo 1465 puesto que los seis casos aislados en que dio dinero a préstamo mediante el cobro de intereses no significan bajo la ley la práctica ni el ejercicio de la profesión de prestamista. En esto no convenimos con el apelante. Es verdad que para que una persona pueda considerarse como prestamista en el sentido legal, se requiere que se dedique habitualmente al oficio o profesión de prestar dinero mediante interés y que casos aislados no quieren decir el ejercicio de dicha profesión. Pero los hechos que se han establecido en este asunto, los cuales los trató de ocultar el apelante, demuestran y convencen que no se trataba de algunos casos aislados, sino de actos repetidos que indican que el apelante se había dedicado realmente a prestar dinero mediante interés para lucrarse en tal forma.  Las pruebas han demostrado que en las seis ocasiones el demandante aceptó hipotecas para garantizar los préstamos que concedió a diferentes personas de quienes cobró intereses al 12 por ciento.  No habiendo probado el apelante que dichas transacciones se hicieron por él accidentalmente u obligado por las circunstancias, cabe presumirse que en realidad se hallaba dedicado a dar dinero a préstamo mediante el cobro de intereses, convirtiéndose así en un verdadero prestamista de conformidad con la ley.

Es infundada la pretensión del apelante al efecto de que el apelado no probó a que épocas se contraen los impuestos que le cobró.  El Exhíbit A demuestra que la cantidad que pagó representaba los impuestos que correspondían al tercer trimestre del año 1929, primer trimestre de 1931, primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 1932 y tercer trimestre de 1934.  En estas épocas fue cuando el apelante realizó las transacciones puestas de manifiesto por las copias certificadas de los documentos hipotecarios exhibidas por el apelado.

No encontrando ningún error en la sentencia recurrida susceptible de modificación o revocación, la confirmamos en todas sus partes, con las costas de esta instancia al apelante. Así se ordena.

Avanceña, Pres., Diaz, Laurel, y Horrilleno, MM., están conformes.
Se confirma la sentencia.